Este bloque (arts. 81-96 CE) regula las grandes atribuciones de las Cortes Generales: qué tipos de normas existen y quién las dicta, cómo se tramita una ley, el referéndum, y quién autoriza los tratados internacionales.

1 · Leyes Orgánicas (art. 81)

Artículo 81. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Las leyes orgánicas son para las materias más sensibles: desarrollar derechos fundamentales, aprobar Estatutos de Autonomía, o fijar el régimen electoral general. A diferencia de una ley ordinaria (mayoría simple), necesitan mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto — no basta con ir aprobando artículo a artículo.

2 · Decreto Legislativo vs. Decreto-Ley (arts. 82-86)

Artículo 82.1-3. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior (...). La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.

Artículo 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86.1-2. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados (...) en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

Son las dos vías por las que el Gobierno puede dictar normas con rango de ley, y es la distinción más preguntada de este bloque. El Decreto Legislativo nace de una delegación previa de las Cortes (mediante Ley de Bases o ley ordinaria), con materia concreta y plazo fijado — el Gobierno actúa porque las Cortes se lo han encargado. El Decreto-Ley, en cambio, lo dicta el Gobierno por su cuenta, sin delegación previa, ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad, y siempre tiene que someterlo al Congreso en 30 días para que lo convalide o derogue.

⚠️ Ojo en el examen: truco rápido: si hay delegación previa de las Cortes → Decreto Legislativo; si el Gobierno actúa por su propia iniciativa ante una urgencia → Decreto-Ley. Y recuerda las cuatro materias que el Decreto-Ley nunca puede tocar: instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las Comunidades Autónomas, y Derecho electoral general.

3 · El procedimiento legislativo ordinario (arts. 87-91)

Artículo 87.1 y 3. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado (...). Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular (...). En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 90.2-3. El Senado en el plazo de dos meses (...) puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas (...). El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta (...). El plazo de dos meses (...) se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes.

Artículo 91. El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

La iniciativa legislativa la tienen el Gobierno, el Congreso y el Senado — y también los ciudadanos, mediante la iniciativa popular, siempre que reúnan al menos 500.000 firmas. Ojo: la iniciativa popular no puede usarse para materias de ley orgánica, tributarias, internacionales, ni para el derecho de gracia (los indultos). Una vez aprobado el proyecto por el Congreso, pasa al Senado, que tiene 2 meses (20 días si es urgente) para vetarlo o enmendarlo; y finalmente el Rey sanciona la ley en 15 días.

⚠️ Ojo en el examen: el veto del Senado se supera con mayoría absoluta del Congreso, pero si han pasado los dos meses sin que el Senado se pronuncie, basta mayoría simple. Y las 500.000 firmas de la iniciativa popular son un dato muy preguntado — no lo confundas con otros umbrales de firmas de otras normas.

4 · El referéndum (art. 92)

Artículo 92. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

📌 Lo que debes recordar: el referéndum del art. 92 es consultivo (no vinculante jurídicamente) y siempre necesita autorización previa del Congreso — nunca lo convoca el Gobierno en solitario, aunque sea el Presidente quien lo propone.

5 · Los tratados internacionales (arts. 93-96)

Artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

Artículo 94.1-2. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

No confundas el art. 93 con el art. 94.1: el art. 93 sirve para ceder competencias a un organismo internacional (es la base jurídica de la integración de España en la Unión Europea), y necesita Ley Orgánica. El art. 94.1 es distinto: autorización previa de las Cortes (sin necesidad de Ley Orgánica) para tratados concretos sobre cinco materias sensibles (políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o a los derechos del Título I, con obligaciones para la Hacienda Pública, o que exijan modificar una ley). Para el resto de tratados, basta con que el Congreso y el Senado sean informados inmediatamente de su conclusión — sin necesidad de autorizarlos previamente.

Artículo 95.1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

Artículo 96.1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

Si un tratado choca con la Constitución, no se puede firmar tal cual — hay que reformar la Constitución primero. Y una vez que un tratado se publica oficialmente en España, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno automáticamente, sin necesidad de una ley que lo "transponga".

⚠️ Ojo en el examen: no confundas el art. 93 (Ley Orgánica, cesión de competencias) con el art. 94.1 (autorización de las Cortes para tratados concretos, sin Ley Orgánica) — son dos mecanismos distintos y se preguntan a menudo de forma cruzada.