1. Quién está sujeto al Título II: los altos cargos (art. 25)

"En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella." (Ley 19/2013, art. 25.1)

El Título II de la Ley 19/2013 no se aplica a "la Administración" en general, sino a las personas concretas que ocupan los puestos de más responsabilidad: ministros, secretarios de Estado, y el resto de altos cargos (quienes tengan esa consideración según la normativa de conflictos de intereses). También se aplica, si su normativa propia lo prevé, a los altos cargos autonómicos y locales, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno Local. Un matiz importante: estar sujeto a estas reglas de "buen gobierno" no afecta a la condición de cargo electo que la persona pueda tener (art. 25.3) — son dos planos distintos.

Como en la vida real: es como el código de conducta de una empresa que se aplica con especial rigor a los directivos y a la cúpula, no porque el resto de empleados no tenga normas, sino porque quien ocupa un puesto de máxima responsabilidad y confianza pública debe rendir cuentas de un modo reforzado.

📌 Lo que debes recordar: el Título II obliga a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos (art. 25.1); ser alto cargo no altera la condición de cargo electo que se tenga (art. 25.3).

2. Los principios generales de buen gobierno (art. 26.2.a)

"Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general." (Ley 19/2013, art. 26.2.a.1º)

El art. 26 fija dos bloques de principios. El primero, los principios generales (7 en total): transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, igualdad y no discriminación, diligencia y calidad, trato correcto a los ciudadanos, y asunción de responsabilidad por las propias decisiones. Son el "para qué" de la actuación de un alto cargo: orientar toda su labor al interés general.

Como en la vida real: son como los valores que una empresa cuelga en su web ("actuamos con transparencia, tratamos bien al cliente, asumimos nuestros errores") — declaraciones de intenciones que, en este caso, tienen valor jurídico porque su incumplimiento puede llegar a ser sancionable si además encaja en una infracción concreta de las que veremos después.

📌 Lo que debes recordar: el art. 26.2.a) fija 7 principios generales orientados al interés general (transparencia, dedicación, imparcialidad, igualdad, diligencia, trato correcto, responsabilidad).

3. Los principios de actuación (art. 26.2.b)

"No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones." (Ley 19/2013, art. 26.2.b.6º)

El segundo bloque son los principios de actuación (9 en total): dedicación plena y respeto a las incompatibilidades, reserva sobre información conocida por el cargo, comunicar irregularidades detectadas, usar los poderes solo para su finalidad legal, evitar conflictos de intereses, no aceptar regalos que excedan la cortesía social, transparencia, buena gestión de los recursos públicos, y no aprovechar el cargo para ventajas personales. Mientras los principios generales son el "para qué", estos son el "cómo" concreto del día a día — de hecho son los que con más frecuencia dan lugar a infracciones reales (regalos, conflictos de intereses, uso indebido de información).

Como en la vida real: es la diferencia entre el valor genérico "somos honestos" y la norma concreta de compliance que dice "ningún empleado puede aceptar un regalo de un proveedor por encima de 50€" — el segundo es mucho más fácil de comprobar y de sancionar si se incumple.

📌 Lo que debes recordar: el art. 26.2.b) fija 9 principios de actuación, mucho más concretos que los generales — destaca especialmente la prohibición de regalos que excedan los usos sociales (art. 26.2.b.6º).

4. Infracciones en materia de conflicto de intereses (art. 27)

"El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses..." (Ley 19/2013, art. 27)

El art. 27 es una norma "de remisión": no define él mismo las infracciones de incompatibilidades, sino que dice que se sancionan según su normativa específica (la de conflictos de intereses de altos cargos). Es un puente hacia otra ley, no un catálogo propio de la Ley 19/2013.

📌 Lo que debes recordar: el art. 27 no crea infracciones nuevas — remite a la normativa específica de conflictos de intereses.

5. Infracciones muy graves en gestión económico-presupuestaria (art. 28)

"Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables: a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos... b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso..." (Ley 19/2013, art. 28)

El art. 28 recoge una lista larga (16 letras, de la a) a la p) más la ñ) intercalada) de conductas que, en el terreno económico-presupuestario, son SIEMPRE infracción muy grave — nunca grave ni leve. Cubren cosas como gastar sin crédito suficiente, no justificar inversiones, incumplir planes de ajuste fiscal, o no rendir cuentas conforme a la Ley General Presupuestaria. Es una lista técnica y extensa; no hace falta memorizarla entera, pero sí el dato clave: todas estas conductas son muy graves por definición, no hay gradación posible dentro de esta categoría.

Como en la vida real: es como la lista de "faltas gravísimas" del reglamento interno de una empresa que gestiona dinero ajeno — quien maneja fondos públicos tiene un catálogo de conductas económicas que, si se cometen, no admiten discusión sobre su gravedad: van directas a la categoría más alta.

📌 Lo que debes recordar: todas las conductas del art. 28 son infracciones MUY GRAVES, sin excepción — es el único artículo del Título II donde la gravedad viene ya fijada de antemano para toda la lista.

6. Infracciones disciplinarias: muy graves, graves y leves (art. 29)

"Son infracciones muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución... b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual..." (Ley 19/2013, art. 29.1)

A diferencia del art. 28 (solo muy graves), el art. 29 sí clasifica las infracciones disciplinarias en tres niveles: muy graves (12 supuestos: incumplir la Constitución, discriminar o acosar, adoptar acuerdos ilegales con perjuicio grave, publicar información reservada indebidamente, negligencia en secretos oficiales, incumplimiento notorio de funciones, usar el cargo para influir en elecciones, obtener beneficio indebido, obstaculizar libertades sindicales o el derecho de huelga, acoso laboral, y reincidencia en 2 infracciones graves en un año); graves (6 supuestos, entre ellos el abuso de autoridad o no guardar el debido sigilo con perjuicio); y leves (2 supuestos: incorrección con superiores/compañeros/subordinados, y descuido o negligencia menor).

Como en la vida real: como el cuadro de faltas de cualquier convenio laboral — hay conductas que son gravísimas desde el minuto uno (discriminar, acosar), otras que dependen del contexto y el daño causado (abuso de autoridad), y otras que son simples descuidos que por sí solos no pasan de leves.

📌 Lo que debes recordar: el art. 29 tiene 3 niveles (muy graves / graves / leves); la reincidencia también puede subir de nivel: 2 graves en un año = muy grave (art. 29.1.l), 2 leves en un año = grave (art. 29.2.f).

⚠️ Ojo en el examen: no confundas el art. 28 (gestión económico-presupuestaria: TODO es muy grave) con el art. 29 (disciplinarias: SÍ hay 3 niveles). Es una distinción clásica de examen tipo test.

7. Las sanciones (art. 30)

"Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años..." (Ley 19/2013, art. 30.4)

Las sanciones son proporcionales al nivel de la infracción: las leves llevan amonestación (art. 30.1); las graves pueden llevar la declaración pública del incumplimiento en el BOE y/o la pérdida de la indemnización por cese (art. 30.2); y las muy graves llevan siempre esas mismas sanciones más la destitución y la inhabilitación de 5 a 10 años para volver a ser alto cargo (art. 30.3-4). Si los hechos pudieran ser delito, la Administración lo pone en conocimiento del Fiscal General del Estado y paraliza el expediente administrativo hasta que haya resolución judicial (art. 30.6).

Como en la vida real: como el despido disciplinario en una empresa: una falta leve se queda en un aviso, una falta grave puede tener consecuencias económicas, pero una falta muy grave significa la expulsión inmediata y, en este caso, además, quedar vetado durante años para volver a un puesto de responsabilidad similar.

📌 Lo que debes recordar: muy grave = destitución + inhabilitación de 5 a 10 años (art. 30.4); si hay indicios de delito, se paraliza el expediente y se avisa al Fiscal General del Estado (art. 30.6).

8. Órgano competente y procedimiento (art. 31)

"El órgano competente para ordenar la incoación será: a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas..." (Ley 19/2013, art. 31.2.a)

El procedimiento se inicia de oficio (art. 31.1). Quién puede ordenarlo y quién puede sancionar depende de la jerarquía del cargo investigado: si es ministro o Secretario de Estado, decide el Consejo de Ministros; si es otro alto cargo de la AGE, decide el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; si es autonómico o local, decide el órgano equivalente de esa Administración. La instrucción, en los dos primeros casos, corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses (art. 31.3). Las resoluciones finales son recurribles ante lo contencioso-administrativo (art. 31.5).

Como en la vida real: es como decir que un problema disciplinario de un mando intermedio lo resuelve su jefe directo, pero si el problema es del propio director general, tiene que decidirlo el consejo de administración — cuanto más alto es el cargo investigado, más alto tiene que ser el órgano que decide.

📌 Lo que debes recordar: ministro/Secretario de Estado → decide el Consejo de Ministros; resto de altos cargos AGE → decide el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (art. 31.2).

9. Prescripción de infracciones y sanciones (art. 32)

"El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves." (Ley 19/2013, art. 32.1)

Los plazos de prescripción son simétricos entre infracciones y sanciones: 5 años para lo muy grave, 3 para lo grave, 1 para lo leve — y esos mismos plazos aplican tanto para que prescriba la infracción (si nadie la persigue a tiempo) como para que prescriba la sanción ya impuesta (si nadie la ejecuta a tiempo). Es una regla fácil de recordar porque no cambia entre infracción y sanción: solo depende del nivel de gravedad.

Como en la vida real: como los plazos para reclamar una deuda o denunciar una falta según su gravedad: cuanto más grave es el asunto, más tiempo tiene la Administración para actuar antes de que "caduque" la posibilidad de sancionar.

📌 Lo que debes recordar: 5-3-1 años (muy grave-grave-leve), y el mismo esquema vale tanto para la prescripción de la infracción como para la de la sanción ya impuesta (art. 32.1-2).

⚠️ Ojo en el examen: los arts. 30.5 y 32.3 citan literalmente la Ley 30/1992 (derogada en 2015) — el mismo matiz ya visto en el Título I (arts. 23.1 y 24.3): el texto vigente de la Ley 19/2013 mantiene esas citas porque esos artículos concretos no han sido reformados desde su redacción original.