El ciclo del Gobierno se cierra en los arts. 100, 101 y 102 de la Constitución, desarrollados por el art. 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno. Este subpunto cubre: nombramiento de los demás miembros del Gobierno, causas de cese, el Gobierno en funciones y la responsabilidad penal de sus miembros.

1 · Nombramiento de los demás miembros del Gobierno (art. 100 CE)

Artículo 100 CE. Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

El Rey es quien firma el nombramiento —y también el cese— de los Vicepresidentes y los Ministros, pero nunca por iniciativa propia: siempre a propuesta del Presidente del Gobierno. Es el mismo reparto de papeles que ya viste con la investidura del Presidente (art. 99 CE): el Rey pone la firma que da validez formal al nombramiento, pero quien decide de verdad quién entra y quién sale del Gobierno es el Presidente.

Como en la vida real: piensa en un director de cine que ficha a su equipo —director de fotografía, montador—: es él quien decide a quién contrata y a quién despide, pero si la productora exige que cada contrato lleve su sello oficial antes de ser válido, el director sigue proponiendo y la productora sigue firmando. El poder real no cambia de manos, solo se formaliza a través de otro.

⚠️ Ojo en el examen: el art. 100 CE es muy corto y se presta a preguntas literales — memorízalo tal cual: "serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente". El propio Presidente, en cambio, se nombra por el procedimiento de investidura del art. 99 CE, no por este artículo.

📌 Lo que debes recordar: el Rey nombra y cesa a los demás miembros del Gobierno, pero SIEMPRE a propuesta del Presidente — nunca por iniciativa propia.

2 · Las causas de cese del Gobierno (art. 101 CE, art. 21.1 Ley 50/1997)

Artículo 101.1 CE. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

Artículo 101.2 CE. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El Gobierno, como conjunto, deja de existir en cuatro situaciones muy concretas: cuando se celebran elecciones generales, cuando pierde la confianza del Parlamento (a través de los mecanismos que la propia Constitución prevé: la cuestión de confianza fallida o una moción de censura que prospera, arts. 112-114 CE), cuando el Presidente dimite, o cuando el Presidente fallece. Fíjate en el detalle: las cuatro causas están ancladas siempre en la figura del Presidente o en un proceso electoral general — nunca en la salida de un Ministro concreto, por importante que sea su cartera.

Y hay una segunda idea, tan importante como la primera: el Gobierno que cesa no desaparece de la noche a la mañana. Sigue existiendo, sigue actuando, "en funciones", hasta que el nuevo Gobierno toma posesión. Así se evita que el país se quede, aunque sea por unos días, sin ningún Gobierno en absoluto.

Como en la vida real: piensa en el entrenador de un equipo de fútbol. El club puede prescindir de él en unas pocas situaciones muy señaladas: se termina la temporada y hay elección de nuevo cuerpo técnico, la directiva le retira la confianza de forma clara, dimite él mismo, o —en el peor de los casos— no puede seguir. Pero el equipo no se queda sin entrenador entre partido y partido: el saliente sigue dirigiendo los entrenamientos del día a día hasta que llega oficialmente el sustituto. Lo que no ocurre nunca es que la salida de un solo jugador, por estrella que sea, obligue a cambiar de entrenador — eso es un asunto distinto, resuelto de otra forma.

⚠️ Ojo en el examen: no confundas una remodelación de Gobierno (cesar a un Ministro concreto, que se resuelve con el art. 100 CE) con una causa de cese del Gobierno completo del art. 101 CE — son dos artículos distintos para dos situaciones distintas, y el examen suele mezclarlos.

📌 Lo que debes recordar: las 4 causas de cese (elecciones, pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente) están SIEMPRE ligadas al Presidente o a un proceso electoral — nunca al cese de un Ministro suelto — y el Gobierno cesante sigue en funciones hasta que toma posesión el nuevo.

3 · El Gobierno en funciones: qué puede y qué no puede hacer (art. 21.3-6 Ley 50/1997)

Artículo 21.3 Ley 50/1997. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

Artículo 21.4 Ley 50/1997. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. b) Plantear la cuestión de confianza. c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

Artículo 21.5 Ley 50/1997. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

Artículo 21.6 Ley 50/1997. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

Cuando el Gobierno está "en funciones" —es decir, cesante pero todavía en el cargo hasta que llegue el siguiente— su margen de actuación se reduce mucho, casi como si entrara en un modo de "solo lo imprescindible". La ley lo llama "despacho ordinario de los asuntos públicos": gestionar el día a día, sin lanzar nada nuevo de calado, salvo que haya una urgencia de verdad justificada o un interés general que lo exija.

Sobre esa base general, la ley añade dos listas de cosas que ese Gobierno en funciones NO puede hacer, y conviene no mezclarlas: una lista afecta solo al Presidente (no puede proponer al Rey disolver las Cámaras, no puede plantear la cuestión de confianza, no puede proponer un referéndum consultivo), y otra afecta a todo el Gobierno como conjunto (no puede aprobar el Proyecto de Presupuestos, no puede presentar proyectos de ley). Y hay un último detalle que se suele pasar por alto: mientras el Gobierno está en funciones tras unas elecciones, las delegaciones legislativas que le hubieran dado las Cortes (la capacidad de dictar Decretos Legislativos) quedan congeladas.

Como en la vida real: imagina un gerente al que ya se le ha comunicado su relevo, con el nuevo gerente ya nombrado pero todavía sin incorporarse. Sigue yendo a la oficina, sigue pagando las nóminas, sigue resolviendo lo del día a día — pero no va a firmar un contrato a diez años, no va a lanzar una nueva línea de negocio, ni va a tomar ninguna decisión que comprometa a la empresa a largo plazo: eso le corresponde decidirlo a quien va a quedarse. Y del mismo modo que ese gerente saliente no puede iniciar proyectos que no le tocará ejecutar, el Gobierno en funciones tampoco puede legislar usando poderes que las Cortes le habían prestado de forma especial y temporal.

⚠️ Ojo en el examen: no mezcles las dos listas del art. 21 — las tres prohibiciones del apartado 4 son solo del Presidente (disolver Cámaras, cuestión de confianza, referéndum consultivo — curiosamente, coinciden con tres de las atribuciones "estrella" del art. 2.2 que ya viste), y las dos del apartado 5 son del Gobierno entero (Presupuestos y proyectos de ley).

📌 Lo que debes recordar: apartado 4 del art. 21 = prohibiciones SOLO del Presidente; apartado 5 = prohibiciones de TODO el Gobierno; y las delegaciones legislativas quedan siempre en suspenso mientras dure la situación.

4 · Responsabilidad penal del Presidente y los miembros del Gobierno (art. 102 CE)

Artículo 102.1 CE. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 102.2 CE. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Artículo 102.3 CE. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

El Presidente y los Ministros no responden penalmente ante un juzgado cualquiera: si cometen un delito, el caso lo lleva directamente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el órgano de mayor rango dentro de la jurisdicción ordinaria. Es lo que se conoce como un "aforamiento" — la misma lógica de protección procesal que ya viste con Diputados y Senadores.

Ahora bien, para los delitos más graves de todos —traición, o cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio del cargo— la Constitución exige un filtro reforzado antes incluso de poder acusar: tiene que pedirlo al menos una cuarta parte del Congreso, y tiene que aprobarlo la mayoría absoluta de la Cámara.

Y hay una tercera idea, la que más se explota en examen: el indulto —la prerrogativa real de gracia— no se aplica nunca a ninguno de los supuestos de este artículo. No es que esté excluido solo para traición o los delitos contra el Estado: está excluido sin excepción, también para los delitos "normales" del apartado 1.

Como en la vida real: es parecido a cómo funciona la disciplina en según qué profesiones de alta responsabilidad: un piloto de avión, si comete una infracción grave en pleno ejercicio de su función, no lo investiga un comité cualquiera, sino el organismo regulador de mayor rango del sector. Y si la acusación es de algo especialmente grave —poner en peligro deliberado la seguridad de todos—, hace falta que lo active un número mínimo de responsables antes de que el proceso arranque siquiera. Y, pase lo que pase, una vez sancionado por algo así, no hay "indulto" posible que borre esa sanción — ni para lo más grave, ni para lo más leve.

📌 Lo que debes recordar: el Presidente y los Ministros responden penalmente SIEMPRE ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; para traición o delitos contra la seguridad del Estado hace falta 1/4 del Congreso + mayoría absoluta; y el indulto NUNCA se aplica a ninguno de los supuestos del art. 102 CE.