El Título III de la Constitución empieza definiendo qué son las Cortes Generales y el estatuto de sus miembros (arts. 66-67), y luego regula cómo se compone cada Cámara: el Congreso (art. 68) y el Senado (art. 69), terminando con quién no puede ser Diputado o Senador (art. 70).

1 · Las Cortes Generales (art. 66)

Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables.

Las Cortes Generales son el conjunto de las dos Cámaras (Congreso + Senado), y tienen tres funciones principales: hacer las leyes, aprobar los Presupuestos, y controlar al Gobierno.

⚠️ Ojo en el examen: no confundas la inviolabilidad de las Cortes como institución (art. 66.3) con la inviolabilidad individual de cada Diputado o Senador por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1) — son dos garantías distintas, reguladas en artículos distintos.

2 · El estatuto de los parlamentarios (art. 67)

Artículo 67. 1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Tres reglas clave: no se puede ser Diputado y Senador a la vez; nadie puede "atarles las manos" con instrucciones vinculantes (eso es el mandato imperativo, prohibido); y si un grupo de parlamentarios se reúne por su cuenta, sin que la Cámara los haya convocado oficialmente, esa reunión no tiene ningún efecto para las Cortes.

3 · El Congreso de los Diputados (art. 68)

Artículo 68.1-2 y 4. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (...). La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado (...). El Congreso es elegido por cuatro años.

Artículo 68.6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

La Constitución no fija un número cerrado de Diputados, sino una horquilla (entre 300 y 400) — la ley electoral es la que concreta el número exacto, que en la práctica es 350. La circunscripción es la provincia, y el sistema es de representación proporcional.

⚠️ Ojo en el examen: el número "350" no aparece en la Constitución, solo la horquilla 300-400 — lo fija la LOREG (ley electoral). Y recuerda los dos plazos del art. 68.6: elecciones entre 30 y 60 días tras acabar el mandato, y el nuevo Congreso convocado en los 25 días siguientes a la votación.

4 · El Senado (art. 69)

Artículo 69.1-2. El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

Artículo 69.3 (vigente). En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores −Gran Canaria, Mallorca y Tenerife− y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Artículo 69.4-6. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio (...). El Senado es elegido por cuatro años.

El Senado combina dos vías de elección completamente distintas. Por un lado, elección directa por los ciudadanos: 4 senadores por provincia, 3 por cada isla mayor (Gran Canaria, Mallorca, Tenerife), 1 por cada isla menor, y 2 por Ceuta y 2 por Melilla. Por otro, designación indirecta: cada Comunidad Autónoma designa 1 senador fijo más 1 adicional por cada millón de habitantes, elegidos por su Asamblea legislativa (no por sufragio directo de los ciudadanos).

⚠️ Ojo en el examen: el art. 69.3 fue modificado por la Reforma de 19 de mayo de 2026 (BOE-A-2026-10881): desde entonces, Formentera es una circunscripción propia con 1 senador, separada de Ibiza (antes ambas compartían circunscripción). Ojo también: esta creación de circunscripciones propias para Ibiza y Formentera no se aplica de inmediato — la propia reforma pospone su eficacia hasta las primeras elecciones al Senado que se celebren tras su entrada en vigor.

5 · Quién no puede ser Diputado ni Senador (art. 70)

Artículo 70.1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales.

Artículo 70.2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Esta es una lista mínima y cerrada de cargos incompatibles con ser Diputado o Senador (jueces, fiscales, militares en activo, miembros del TC, el Defensor del Pueblo...). Fíjate en la excepción expresa: los miembros del Gobierno sí pueden compatibilizar su cargo con el de Diputado o Senador, a pesar de ser "altos cargos de la Administración del Estado".

📌 Lo que debes recordar: la validez de actas y credenciales no la decide la propia Cámara — está sometida siempre a control judicial, una garantía frente a posibles abusos internos del Parlamento.