La Ley sectorial ya reconoce la potestad sancionadora del organismo. ¿Qué se exige para que un órgano administrativo concreto pueda ejercerla?

Supongamos que el organismo quiere ejercer su potestad sancionadora frente a una empresa vinculada a él por una relación regulada por la legislación de contratos del sector público. ¿Se aplican las disposiciones del capítulo de la Ley 40/2015 sobre potestad sancionadora?

Supongamos que, tras cesar la conducta de las sociedades pero antes de dictarse la resolución, se aprueba una Ley que endurece la sanción prevista para ese tipo de infracción. ¿Qué disposiciones sancionadoras se aplican?

Un reglamento de desarrollo de la Ley sectorial pretende detallar el cuadro de infracciones. ¿Qué puede hacer según la Ley 40/2015?

Supongamos que la instalación estuviera gestionada por una unión de afectados sin personalidad jurídica. ¿Podría ser sancionada por hechos constitutivos de infracción administrativa?

Supongamos que una Ley sectorial previera que el impago de la multa se sustituya, de forma subsidiaria, por un arresto. ¿Es compatible con la Ley 40/2015?

Supongamos que el organismo sancionara ambas conductas en un único procedimiento y que la presentación del certificado falso fue el medio necesario para cometer el funcionamiento de la instalación sin inspección, siendo ambas infracciones tipificadas. ¿Qué sanción debe imponerse?

Durante el procedimiento sancionador, las sociedades alegan estar amparadas por una presunción. ¿Cuál reconoce la Ley 39/2015 a los presuntos responsables en los procedimientos sancionadores?

Supongamos que a una de las sociedades se le impusiera, en otro procedimiento, una sanción por una infracción leve, y que la Ley sectorial no fijara plazos de prescripción. ¿En qué plazo prescribiría esa sanción?

Un inspector con condición de autoridad levantó un acta recogiendo los hechos que constató en la instalación, cumpliendo los requisitos legales. ¿Qué valor probatorio tiene ese documento en el procedimiento sancionador?

Supongamos que, antes de acordar la iniciación, el órgano competente abriera actuaciones previas en un procedimiento de naturaleza sancionadora. ¿A qué se orientan y quién las realiza?

Supongamos que, al dictar la resolución sancionadora, el órgano competente pretende aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, aunque sin cambiar la calificación jurídica. ¿Puede hacerlo?

Supongamos que la Administración inicia, con conocimiento de las sociedades, el procedimiento de ejecución de la sanción, y este queda paralizado seis semanas por causa no imputable a ellas. ¿Qué efecto tiene sobre la prescripción de la sanción?

Supongamos que un Juzgado de lo Penal hubiera condenado por los mismos hechos y con idéntico fundamento únicamente al administrador persona física de Aurora Técnica, S.L. ¿Impide esa condena sancionar a la sociedad en vía administrativa?

Supongamos que un órgano de la Unión Europea hubiera sancionado a Bruma Ingeniería, S.L. por los mismos hechos, sin que concurra identidad de sujeto y fundamento. ¿Qué debe hacer el órgano competente para resolver?

Supongamos que, en contra de lo ocurrido, la conducta no hubiera cesado y las sociedades siguieran explotando la instalación sin inspección después del acuerdo de iniciación. ¿Podría el organismo iniciar nuevos procedimientos sancionadores por esa misma conducta persistente?

Entre otros contenidos del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, ¿qué debe figurar respecto del órgano competente para resolver?

Supongamos que una sentencia penal firme declara probados los hechos que son objeto del procedimiento sancionador. ¿Qué efecto tiene sobre éste?

Supongamos que la Ley sectorial dispusiera que las empresas titulares de una instalación respondan del pago de las multas impuestas a quienes dependan de ellas o estén vinculados a ellas. ¿Lo permite la Ley 40/2015?

Supongamos que la conducta sancionada hubiera causado daños a la Administración y su cuantía no hubiera quedado determinada en el expediente. ¿Cómo se fija?