Test 1 · Tema 3.6 — La jurisdicción contencioso-administrativa

1.

Según el artículo 1.1 de la Ley 29/1998, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con:

Los Decretos-leyes.

Las leyes ordinarias.

Los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Las leyes orgánicas.

2.

A efectos de la Ley 29/1998, se entiende por Administraciones públicas, entre otras:

Los partidos políticos.

Solo las Comunidades Autónomas.

Solo la Administración General del Estado.

Las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

3.

Conocerá el orden contencioso-administrativo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:

Cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive.

Solo si deriva de actos de Derecho público.

Solo si no hay seguro.

Solo si no concurren particulares.

4.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:

Puede reclamarse ante el orden civil si hay seguro.

Puede reclamarse ante el orden social.

Solo se reclama ante el penal.

No puede ser demandada por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando concurran con particulares o cuenten con un seguro.

5.

Conocerá el orden contencioso-administrativo de los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público:

Solo de carácter sancionador.

Solo de carácter electoral.

Adoptados en cualquier ámbito.

Adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

6.

No corresponde al orden contencioso-administrativo:

El recurso contencioso-disciplinario militar.

Los actos de preparación de contratos.

Los contratos administrativos.

La responsabilidad patrimonial.

7.

Los recursos directos o indirectos contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya corresponden, en exclusiva:

A la Audiencia Nacional.

A los Tribunales Superiores de Justicia.

Al Tribunal Constitucional.

Al Tribunal Supremo.

8.

Según el artículo 25.1, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con:

Solo los actos expresos.

Solo los actos de trámite.

Solo las disposiciones generales.

Las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa.

9.

Los actos de trámite son recurribles ante el orden contencioso-administrativo si:

Son de mero impulso.

Son favorables.

Los dicta un órgano colegiado.

Deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

10.

Según el artículo 25.2, también es admisible el recurso:

Contra las leyes.

Contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Contra las sentencias.

Contra los dictámenes.

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