1 · Composición y organización del Tribunal (TUE art. 19 y TFUE art. 253)

Art. 19.1 TUE: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión." Art. 19.2 TUE: "El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro. Estará asistido por abogados generales. El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro." Art. 253 TFUE: "Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia (...), serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros (...) por un período de seis años."

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es un único tribunal, sino una estructura de tres órganos: el Tribunal de Justicia propiamente dicho, el Tribunal General y los tribunales especializados. Su misión general es garantizar el respeto del Derecho de la Unión, y para ello los propios Estados miembros tienen la obligación de establecer, en su territorio, las vías de recurso necesarias para una tutela judicial efectiva.

El Tribunal de Justicia tiene exactamente un juez por cada Estado miembro, asistido por abogados generales; el Tribunal General dispone "al menos" de un juez por Estado, lo que permite ampliar su composición. Tanto los jueces como los abogados generales se eligen entre personalidades de absolutas garantías de independencia, se nombran de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para un mandato de seis años, renovable sin límite, con una renovación parcial cada tres años. Los propios jueces eligen entre ellos a su Presidente, por un período de tres años también renovable.

📌 Lo que debes recordar: tres órganos (Tribunal de Justicia, Tribunal General, tribunales especializados); un juez por Estado en el Tribunal de Justicia; mandato de 6 años, renovación parcial cada 3 años; Presidente elegido por los propios jueces por 3 años.

⚠️ Ojo en el examen: no confundas el mandato de los jueces (SEIS años) con el de la Comisión o el Parlamento Europeo (CINCO años) — es uno de los datos numéricos más intercambiados entre distractores de todo el bloque institucional.

2 · El recurso por incumplimiento (TFUE arts. 258, 259 y 260)

Art. 258 TFUE: "Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea." Art. 259 TFUE: "Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal (...) si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben (...). Antes de (...) interponer (...) un recurso (...) deberá someter el asunto a la Comisión." Art. 260.1 TFUE: "Si el Tribunal (...) declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben (...), dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia."

El recurso por incumplimiento tiene dos vías de acceso distintas. La Comisión puede iniciarlo por su cuenta (art. 258 TFUE): antes de recurrir al Tribunal, debe emitir un dictamen motivado, dando al Estado la posibilidad de presentar observaciones; solo si el Estado no se atiene a ese dictamen, la Comisión "podrá" —no es automático— recurrir al Tribunal. Un Estado miembro también puede denunciar a otro Estado (art. 259 TFUE), pero antes está obligado a someter el asunto a la Comisión, que dispone de tres meses para emitir su dictamen; si no lo hace en ese plazo, el Estado denunciante puede recurrir igualmente al Tribunal.

Si el Tribunal declara el incumplimiento, el Estado debe ejecutar la sentencia. Si no lo hace, hace falta un segundo procedimiento (art. 260.2 TFUE) para que el Tribunal pueda imponer sanciones económicas: una suma a tanto alzado o una multa coercitiva, cuyo importe propone la Comisión.

📌 Lo que debes recordar: puede iniciarlo la Comisión (dictamen motivado previo) o un Estado (debe pasar antes por la Comisión, plazo de 3 meses); si el Estado no ejecuta la sentencia, hace falta un segundo procedimiento para imponer multas.

3 · El recurso de anulación (TFUE art. 263)

Art. 263 TFUE: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes (...). Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso (...) contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente (...). Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo."

El recurso de anulación es el instrumento para controlar la legalidad de los actos de la Unión: si un acto legislativo o de una institución incurre en incompetencia, vicio sustancial de forma, violación de los Tratados o desviación de poder, puede ser anulado. Los Estados miembros y las instituciones pueden recurrir sin mayor restricción, pero las recomendaciones y los dictámenes quedan fuera de este control, por no producir efectos jurídicos vinculantes.

Los particulares también pueden acceder a esta vía, pero con un requisito más exigente: solo pueden recurrir actos de los que sean destinatarios, o que les afecten directa e individualmente. El plazo para interponer cualquiera de estos recursos es de dos meses, contados desde la publicación, la notificación, o el momento en que el recurrente tuvo conocimiento del acto.

📌 Lo que debes recordar: controla la legalidad de actos legislativos y de determinadas instituciones (nunca recomendaciones ni dictámenes); los particulares necesitan afectación directa e individual; plazo de dos meses.

⚠️ Ojo en el examen: no confundas el plazo de DOS MESES del recurso de anulación (art. 263 TFUE) con el plazo de TRES MESES que tiene la Comisión para emitir su dictamen en el recurso por incumplimiento entre Estados (art. 259 TFUE).

4 · La cuestión prejudicial (TFUE art. 267)

Art. 267 TFUE: "El Tribunal (...) será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones (...). Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma (...). Cuando se plantee (...) ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal. Cuando se plantee (...) en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal (...) se pronunciará con la mayor brevedad."

La cuestión prejudicial no es un recurso contra nadie: es un mecanismo de cooperación entre los tribunales nacionales y el TJUE. Cuando un juez nacional tiene dudas sobre cómo interpretar el Derecho de la Unión, o sobre si un acto de las instituciones es válido, puede —y en algunos casos debe— preguntárselo directamente al Tribunal antes de resolver su propio litigio.

La clave está en distinguir dos verbos: cualquier órgano jurisdiccional "podrá" plantear la cuestión, pero el órgano que resuelve en última instancia —cuyas decisiones ya no admiten recurso judicial interno— "estará obligado" a plantearla. Si el asunto afecta a una persona privada de libertad, existe además un procedimiento de urgencia: el Tribunal debe pronunciarse con la mayor brevedad posible, para no prolongar la privación de libertad más de lo estrictamente necesario.

Los particulares no pueden acudir directamente al Tribunal por esta vía: solo pueden pedir al juez nacional que la plantee dentro de su propio litigio —a diferencia del recurso de anulación, donde sí existe legitimación directa (con los requisitos de afectación directa e individual).

📌 Lo que debes recordar: interpretación de Tratados o validez de actos; PODRÁ plantearla cualquier órgano, ESTARÁ OBLIGADO el de última instancia; procedimiento de urgencia si hay privación de libertad; los particulares no acceden directamente, solo a través del juez nacional.